Uruguay eliminará el secreto bancario y los bancos estarán obligados a informar al fisco desde fin de año quiénes son los titulares de cuentas y qué saldos y rentas posee cada uno. El proyecto de ley, que ahora discute el Congreso uruguayo, es de sumo interés para Argentina: incluye a los depósitos de residentes en el exterior, en momentos en que el 74% de los depósitos externos son de argentinos.
Será "un golpe casi mortal" al secreto bancario, según el presidente del Banco Central de Uruguay, Mario Bergara.
El secreto bancario uruguayo y ciertas exenciones fiscales fueron motivos más que suficientes para que empresas y personas físicas argentinas trasladen sedes o depositen dinero en Uruguay. La tendencia se profundizó desde fines de 2011, cuando Argentina implementó el cepo cambiario que impidió la libre disponibilidad de dólares.
Según el Banco Internacional de Pagos (BIS, sus siglas en inglés) las empresas y familias argentinas tenían a fines de 2015 depósitos en el exterior por u$s 21.825 millones. El 15,4% de ese monto, u$s 3378,4 millones, estaba radicado en Uruguay. Medidos en dólares, los depósitos de argentinos en Uruguay crecieron casi 50% desde 2011. Y llegaron a representar el 73,7% de los depósitos extranjeros del país vecino. Casi siete de cada diez dólares de clientes no residentes en Uruguay son de argentinos.
El proyecto de ley que impulsa el gobierno de Tabaré Vázquez obligará a las entidades financieras a enviar a la DGI información sobre saldos y rentas en cuentas bancarias de residentes y no residentes, sean personas físicas o jurídicas. También deberán identificar la residencia fiscal del titular de la cuenta bancaria. Como los cambios normativos comenzarán a regir en 2017, los bancos deberán entregar la información a fines de este año, una vez que la iniciativa se convierta en ley.
Además, según consignó el diario El Cronista, el artículo 17 del proyecto de ley elimina la confidencialidad que existe entre un cliente (titular de la cuenta bancaria) y su abogado o contador. Eso le dará más poder a la DGI uruguaya para detectar eventuales irregularidades de los contribuyentes.
Uruguay, como otros países, avanza en un proceso de transparencia financiera para cumplir con tratados multinacionales. En junio, firmó la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal que impulsa la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). A su vez, la DGI de Uruguay y la AFIP firmaron un convenio bilateral para compartir información.
Al igual que la AFIP y otros fiscos, la DGI uruguaya comenzará a compartir información con otros entes tributarios. Por eso, entiende la administración de Mauricio Macri, el blanqueo de capitales que impulsa el Gobierno será exitoso y se declararían bienes por entre 20.000 y 60.000 millones de dólares. Si Uruguay elimina el secreto bancario, se esperanzan en el Ejecutivo, los argentinos tendrán un motivo más para exteriorizar sus activos.

Uruguay eliminará el secreto bancario y los bancos estarán obligados a informar al fisco desde fin de año quiénes son los titulares de cuentas y qué saldos y rentas posee cada uno. El proyecto de ley, que ahora discute el Congreso uruguayo, es de sumo interés para Argentina: incluye a los depósitos de residentes en el exterior, en momentos en que el 74% de los depósitos externos son de argentinos.

Será "un golpe casi mortal" al secreto bancario, según el presidente del Banco Central de Uruguay, Mario Bergara.

El secreto bancario uruguayo y ciertas exenciones fiscales fueron motivos más que suficientes para que empresas y personas físicas argentinas trasladen sedes o depositen dinero en Uruguay. La tendencia se profundizó desde fines de 2011, cuando Argentina implementó el cepo cambiario que impidió la libre disponibilidad de dólares.

Según el Banco Internacional de Pagos (BIS, sus siglas en inglés) las empresas y familias argentinas tenían a fines de 2015 depósitos en el exterior por U$S 21.825 millones. El 15,4% de ese monto, U$S 3378,4 millones, estaba radicado en Uruguay. Medidos en dólares, los depósitos de argentinos en Uruguay crecieron casi 50% desde 2011. Y llegaron a representar el 73,7% de los depósitos extranjeros del país vecino. Casi siete de cada diez dólares de clientes no residentes en Uruguay son de argentinos.

El proyecto de ley que impulsa el gobierno de Tabaré Vázquez obligará a las entidades financieras a enviar a la DGI información sobre saldos y rentas en cuentas bancarias de residentes y no residentes, sean personas físicas o jurídicas. También deberán identificar la residencia fiscal del titular de la cuenta bancaria. Como los cambios normativos comenzarán a regir en 2017, los bancos deberán entregar la información a fines de este año, una vez que la iniciativa se convierta en ley.

Además, según consignó el diario El Cronista, el artículo 17 del proyecto de ley elimina la confidencialidad que existe entre un cliente (titular de la cuenta bancaria) y su abogado o contador. Eso le dará más poder a la DGI uruguaya para detectar eventuales irregularidades de los contribuyentes.

Uruguay, como otros países, avanza en un proceso de transparencia financiera para cumplir con tratados multinacionales. En junio, firmó la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal que impulsa la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). A su vez, la DGI de Uruguay y la AFIP firmaron un convenio bilateral para compartir información.

Al igual que la AFIP y otros fiscos, la DGI uruguaya comenzará a compartir información con otros entes tributarios. Por eso, entiende la administración de Mauricio Macri, el blanqueo de capitales que impulsa el Gobierno será exitoso y se declararían bienes por entre 20.000 y 60.000 millones de dólares. Si Uruguay elimina el secreto bancario, se esperanzan en el Ejecutivo, los argentinos tendrán un motivo más para exteriorizar sus activos.